Desafíos ESG en la Ley de Delitos Económicos

La ley refuerza la importancia del gobierno corporativo. Las empresas ahora tienen mayores obligaciones en línea con la implementación de mecanismos más rigurosos de control interno para prevenir y detectar actividades ilícitas. Destacan la adopción de canales de denuncia efectivos, la capacitación permanente de los trabajadores en temas de cumplimiento, el análisis y seguimiento efectivo de proveedores y la incorporación de comités de riesgos con auditorías independientes.

“Desde la perspectiva social, al exigir mayor responsabilidad y transparencia, la nueva normativa tiene la potencialidad de proteger a los consumidores, empleados y comunidades locales”.

Dentro de las ventajas, las organizaciones pueden mejorar su reputación y, con ello, aumentar la confianza de los inversionistas.  En un mercado globalizado, donde los fondos de inversión priorizan cada vez más los criterios ESG, esta evolución es necesaria para atraer capital y mantener la competitividad.

Desde una perspectiva social, la nueva ley también tiene el potencial de transformar la relación entre las empresas y sus partes interesadas. Al exigir mayor responsabilidad y transparencia, se protege a los consumidores, empleados y comunidades locales. Al mismo tiempo, las compañías que adopten prácticas empresariales responsables y sostenibles no solo contribuyen al bienestar social, sino que también pueden disfrutar de una mayor lealtad del cliente y atraer mejor talento laboral.

En términos ambientales, la nueva ley promueve que las empresas avancen en prácticas más sostenibles para mitigar riesgos. Por primera vez se establece un catálogo de delitos ambientales, incluyendo los de contaminación, extracción ilegal de aguas y daños al medio ambiente, por los cuales podrán ser juzgadas las personas jurídicas, algo relevante ante el avance del cambio climático y los objetivos de sostenibilidad hacia el año 2030.

Sin embargo, a pesar de que la nueva ley es un importante paso en términos de ESG, también hay cuestionamientos. Una aplicación efectiva requerirá de autoridades y organismos que cuenten con las capacidades, recursos y herramientas para fiscalizar los nuevos delitos, cuestión con la que hoy no contamos. La nueva normativa aumenta considerablemente el número de delitos por los que pueden ser sancionadas las empresas y personas, pero no se aumenta a su vez el presupuesto para gestionar efectivamente esta nueva realidad.

La nueva ley es también un importante desafío en la preparación de fiscales y jueces, para que puedan enfrentar mejor nuevos delitos, que requieren de un mayor nivel de especialización técnica, con el que actualmente no se cuenta.

Considerando todos estos desafíos y obligaciones, es ahora el momento de prepararnos para cumplir con esta nueva regulación y estándares, y de disponer de una eximente de responsabilidad con la implementación de un modelo de prevención efectivos del delito.